¿Tú sabes si tu hija de entre 10 y 19 años ha
tenido relaciones sexuales y si ya ha experimentado la pérdida de un hijo por
aborto?
Desde hace dos años en México, con la activación de la llamada nueva cartilla
de vacunación, emitida por la Secretaría de Salud (Ssa), nuestros niños y
adolescentes pueden acceder como un "derecho de salud" al suministro
de métodos anticonceptivos y abortivos como la píldora del día después, sin que
para ello medie autorización o conocimiento de sus padres o tutores.
Acción gubernamental que no sólo pone en riesgo la salud de quienes toman la
píldora -pues las secuelas que llegan a presentarse van desde infecciones y
crisis nerviosas hasta la infertilidad-, sino que además vulnera su derecho
prioritario de ser atendidas con diligencia por sus padres, a quienes
arbitrariamente se les viola su derecho legítimo de educar y cuidar a sus
hijos.
Derechos consagrados por la declaración de los Derechos del Hombre (artículo
26,3) y la Declaración de los Derechos de los Niños (artículo 2), de los cuales
se desprende que los padres o tutores, en relación con sus hijos menores de
edad, tienen una obligación cuyo cumplimiento confiere derechos frente a la sociedad
y el Estado.
Paradójicamente, esta omisión a la que obliga el gobierno a los padres está
tipificada como un delito penal por "omisión de cuidados". Sin
embargo, ¿cómo podrían ejercer su papel de orientadores y protectores cuando el
Estado incentiva la situación de riesgo del menor y los secretos entre ellos, y
asume el rol de orientador a sus espaldas?
Engañar a un menor de edad con la promesa de "sexo seguro" a través
del uso el condón o la píld ora del día después, sin señalar las consecuencias
físicas y emocionales a las que se exponen, lo pone en un estado de
vulnerabilidad, por lo que requiere de una protección y atención especial del
Estado que no sólo no ofrece sino que le niega bajo el secreto médico.
Esta "contracepción secreta" (el delito de administrar
anticonceptivos a menores sin el consentimiento de sus tutores legales), pese a
que ha sido una acción de reciente aplicación en México, no responde a
necesidades y modelos propios, sino a una estrategia internacional hedonista,
montada desde hace más de 20 años en diversos países europeos y cuya expansión
ha proliferado en los últimos cinco años.
Ya por los años 70, el Reino Unido aprobó a través de los "consultorios
especiales de natalidad para chicas" la distribución de la píldora del día
después por el Servicio Nacional de Salud. De igual manera fue implementada a
discreción de la sociedad en un acto unilateral del gobierno. Igual que hace
aquí ahora el gobierno mexicano.
Las motivaciones para su uso fueron las mismas que hoy aquí, como en el resto
del mundo se aducen: la disminución de embarazos en menores y evitar la muerte
de las madres por la provocación de abortos insalubres.
Sólo que los datos estadísticos ingleses demostraron el fracaso de esta
estrategia, pues en tan solo cinco años los embarazos entre menores se
incrementaron en un 19.3 por ciento al pasar de siete mil 600 a nueve mil 300 y
las defunciones por abortos en un 176 por ciento (de dos mil 500 a cuatro mil
400).
Mientras que en España, desde el 2001, comunidades autónomas como la andaluza
contemplaba el "derecho a decidir" para chicas de 16 años. Año en que
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) repartió en la región 25 mil 785 píldoras y
registrando 11 mil defunciones por aborto, y incrementándose para el 2008 en 66
mil 777 y 20 mil, respectivamente.
Pero no fue sino hasta el año 2009 que se aprobó en todo España la
comercialización sin receta médica de la píldora del día después a menores de
edad, disparando su consumo y el riesgo que conlleva, al registrar una venta
diaria de 2 mil 100 unidades, superando incluso las ventas de los
preservativos, según datos de Cofares, la mayor distribuidora farmacéutica
española.
Su presidente, Carlos González Bosch, calificó semejante incremento en el uso
de la píldora como un hecho "escandaloso" e invitó a las autoridades
y a la sociedad "a reflexionar si éste es objetivo que perseguían".
Con todo ello, las consecuencia s para nuestro país o cualquier otro que
implemente estas acciones pueden vislumbrarse si no emprendemos una batalla ante
las autoridades, tribunales y cámaras por las que sustraigamos de la situación
de riesgo a nuestros hijos, respetemos su derecho a ser orientados y
acompañados, y por supuesto hagamos efectivo el nuestro como padres de
protegerlos y educarlos.
En Inglaterra la lucha llevó el nombre de Victoria Guillick, en España salió al
paso el Foro Español de la Familia; ¿y en México?
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